Lo más significativo de la arquitectura en Colombia de los últimos años no es un grupo de edificios singulares y descollantes, como suele recalcarse en este tipo de reseñas. Lo más relevante es la transformación del espacio público de algunas ciudades.
Sin querer dejar de lado la importancia de resolver necesidades imperiosas como la vivienda, la educación o la infraestructura de salud, los espacios de uso público y comunitario tienen un papel fundamental en el bienestar y mejoramiento de nivel de vida. El país, golpeado por un largo conflicto armado y por diferentes formas de violencia, ha encontrado en las herramientas que le da la descentralización administrativa, la manera de mejorar la calidad de vida de sus habitantes urbanos con el mejoramiento el espacio público y de los equipamientos públicos vinculados directamente con esa estructura
Este proceso de recuperación ha coincidido con la crisis económica y de la construcción privada de la segunda mitad de los años 90, que paró el ‘boom’ de especulación inmobiliaria, crecimiento caótico y anárquico de una arquitectura de mala calidad de los años 80. Paradójica, pero afortunadamente, la crisis de la construcción de inversión privada y el fortalecimiento de las finanzas públicas (inicialmente en Bogota y luego en otras ciudades) dio oportunidad a muchos arquitectos a dedicarse a pensar en la ciudad y no en objetos arquitectónicos individuales y aislados.
Luego de esa puesta en orden ‘de la casa’, en los últimos cinco años se ve un nuevo auge de la construcción, gracias al crecimiento económico y el aumento de la inversión. Dentro de la nueva arquitectura, que quiere acercarse a las últimas tendencias globales en cuanto a forma y lenguajes, pueden destacarse proyectos muy interesantes a diferentes escalas. Pero eso sería motivo de una reseña completamente diferente a la que queremos presentar ahora.
Espacio publico
Las intervenciones en el espacio público y la recuperación del sentido de lo público es el sustento de la construcción de ciudad y ciudadanía ya que se trata de acciones que además de la estructuración física de la ciudad son el soporte a una conformación del sentido político de la ciudad: participación, equidad, acceso, movilidad; un sentido democrático de ciudadanía.
Esta proceso ha sido posible gracias a los instrumentos administrativos que da la Ley de Reforma Urbana de 1997; básicamente la obligación de los municipios de tener un Plan de Ordenamiento Territorial –POT-. Este Plan está fundamentado en gran medida en los planes de regulación y manejo de los diferentes usos de la ciudad, incluido de manera fundamental la estructura urbana de uso público.
La formulación de los POT ha descubierto el enorme potencial de zonas públicas que, por deterioro y/o falta de un adecuado servicio inmobiliario, habían quedado relegadas del sistema urbano y se habían convertido en manchas urbanas donde la anarquía y el abandono eran los protagonistas. Actualmente las operaciones urbanas, aun en las más pequeñas escalas, están ligadas al ordenamiento de la ciudad, de manera que contribuyen y se integran a un tejido coherente, regularizado y democrático.
Las operaciones recientes sobre el ámbito público no consisten, como hace unos años, en proyectos puntuales de pequeña escala -recuperación de calles y plazas- o de la construcción de nuevos lugares aislados en el territorio urbano, sino en la recuperación e intervención integral del espacio público que lo hacen fundamental para la estructuración, organización, construcción y puesta en valor de ciudad en su más amplio sentido
En Bogotá, el proceso de inició al comenzar los años 90 con la creación del Taller del Espacio Publico, una entidad de la Alcaldía Distrital cuya función era reglamentar y promover la recuperación del espacio público. De esta entidad salió más adelante el Manual del Espacio Público, con las cartillas de andenes, amoblamiento y arborización, con las que se definieron las especificaciones técnicas, para ordenar y estandarizar la calidad de las obras y dotación en todo el territorio de la ciudad.
Posteriormente el programa de parques intervino 4000 parques de diferentes escalas, conformando una red verde en toda la ciudad que debe ser completada con la recuperación del borde de los cerros orientales de la ciudad. Se hizo el mejoramiento de parques metropolitanos construidos en la ciudad desde los años 60 y que acusaban deterioro y falta de dotación; se adecuaron y se hicieron nuevos parques sectoriales y barriales y se construyeron pequeños parques de bolsillo que convierten áreas residuales del tejido residencial informal en lugares de encuentro vecinal y recreación.
El trazado de las Alamedas se integra a la red de parques de Bogota, como ordenadores y germen de ciudad, con elementos que encajan en lo existente, que definen el territorio en zonas de crecimiento, organizan del caos urbano de porciones que crecieron sin reglamentación y rescatan rondas de ríos y bordes urbanos. Otro de los fines de las nuevas alamedas es fortalecer el transporte alternativo en bicicleta, de manera que usualmente su perfil consiste en franjas verdes acompañadas de calzadas para peatones y ciclistas
En la zona norte de bogota, las Alamedas se extienden en áreas de expansión y bordean porciones de protección ambiental conformada por humedales y afluentes del Rio Bogotá. Hacia el occidente son agente de renovación urbana en zonas desarrolladas desde los años 70, al tiempo que integran áreas verdes y recuperan cauces de escorrentías. Al sur, frente a una total carencia de espacio, restituyen áreas verdes y ordenan los bordes en áreas de crecimiento informal. Las obras más importantes y de mayor impacto en la ciudad son el conjunto de alamedas que confluyen en la recuperación del gran Humedal de Juan Amarillo, el más grande de la ciudad y los 17 km de recorrido de la Alameda el Porvenir que vincula varias localidades y proyectos urbanos al sur occidente de la ciudad.
Como complemento a la estructura de espacio público y a la red de parques y alamedas se inició la construcción de la red de trasporte público Transmilenio. Se trata de un medio de transporte, con base en buses que recorren ejes troncales - las vías de mayor demanda-, que conectan puntos extremos de Bogotá, y ejes alimentadores que cubren los sectores periféricos de la ciudad.
La experiencia bogotana en el nuevo entendimiento de lo público, se ha continuado, con características particulares y propias, en otras ciudades del país. Los ejemplos son ante todo oportunidades urbanas: Montería, con su frente sobre el río Sinú, vuelca la actividad urbana hacia este borde urbano; en Pereira, la intervención en Ciudad Victoria cose la ciudad, partida en dos porciones, a partir de una nueva plaza y un nuevo parque; en Neiva se recupera el borde sobre el río Magdalena y se conecta con ejes urbanos tradicionales que ahora tienen prelación para el peatón y el transporte en bicicleta.
Se trata de proyectos de espacio público que recuperan porciones olvidadas de la ciudad, que renuevan áreas deterioradas, que utilizan espacios en desuso o que mejoran sectores que estando activos en la ciudad no eran adecuadas para la vida urbana. Con estas acciones se recuperan espacios que existían en estas ciudades pero que ahora se integran o se reincorporan a ellas con nuevos códigos, rescatando su vocación pública. Pasan de ser vacíos urbanos sin uso ni significado a ser verdaderos espacios de carácter público dispuestos a la apropiación, la participación y la inclusión de sus usuarios a la complejidad de la vida metropolitana.
El caso del Proyecto Urbano Integral -PUI- en el nor oriente de Medellín es bastante elocuente. Se trata de un programa de 30 obras puntuales que cubren un área de 158 hectáreas y beneficia a 230.000 habitantes de una porción afectada por varios años por la violencia nacida de la pobreza, el abandono estatal y la influencia de las mafias del narcotráfico. El PUI aprovecha el eje de la línea de Metro Cable, un nuevo medio de transporte que conecta 12 barrios con el tren metropolitano de la ciudad. A lo largo de este eje se incorporaron programas participativos de mejoramiento barrial que incluye recuperación del espacio público, adecuación y dotación de equipamientos colectivos, rehabilitación del medio ambiente –estabilidad de lomas y quebradas- y promoción de mejoramiento de vivienda.
Creemos que hemos entrado en un proceso, que es largo y difícil, de recuperación del sentido de lo público, que implica un cambio cultural en el que la gente conforma un nuevo imaginario de lo que es su ciudad, no solo compuesto por elementos tangibles y materiales, sino también de factores de calidad de vida. Un proyecto a largo plazo que requiere de continuidad en intervenciones y en el aprovechamiento y adecuado apropiación de los ciudadanos.
Educación
Sin embargo lo público no es solo una cuestión de dotación física de espacios para uso de los habitantes y el cumplimiento de índices per capita de espacios abiertos, sino que el aprecio de estos y el entendimiento de la importancia de la coexistencia de lo individual y lo colectivo y del beneficio común sobre le personal, es una cuestión de educación.
La construcción de una nueva identificación y sentido de pertenencia a la ciudad es también una aproximación diferente a la construcción de la ciudad, a partir de equipamientos necesarios y adecuados. En la reglamentación establecida por los POT, la educación ha tenido un papel primordial representado en el mejoramiento y dotación de colegios y bibliotecas públicos.
Apoyado en la infraestructura existente, los planes de equipamientos educativos se establecen como una red extendida por todo el territorio urbano. Localmente, en cada ciudad, hace parte de los planes sectoriales impulsados por la ley general de la educación de 1994, enfocada al mejoramiento de la calidad y la equidad en la prestación del servicio.
En Bogotá el programa de Centro Educativos del Distrito se inició con el plan sectorial de Educación, iniciado en 1998. Se trata de un programa ambicioso para llegar a un cubrimiento del 100% de la población infantil de la ciudad. El proyecto parte del inventario, documentación y evaluación de las plantas físicas existentes para establecer condiciones cuantitativas y cualitativas para proyectar el programa. La fijación de estándares básicos de planeación, diseño y construcción garantiza a futura la calidad y sostenibilidad arquitectónica y de los procesos pedagógicos tanto de los nuevos equipamientos como de la actualización y mejoramiento de lo existente.
Las construcciones nuevas consisten en colegios para 1000 a 1500 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y educación media (esto es preescolar y 11 grados de educación). La mayoría de los equipamientos está dirigida a la población más vulnerable en zonas marginales, diseñada inicialmente por encargo a arquitectos o firmas bogotanas y de Medellín y luego por concurso público para hacer más eficaz y estandarizada la construcción de los colegios en las diferentes localidades de la ciudad.
En una primera etapa del programa, entre 1998 y 2002, se intervinieron 400 colegios y se construyeron 30 nuevos. Posteriormente, entre 2004 y 2007, se construyeron 40 colegios, se repusieron 10 colegios que debieron ser demolidos por la precariedad de su estructura y se intervinieron 567 centros educativos con reforzamiento estructural y ampliación de nuevas etapas.
El programa bogotano ha sido seguido por Medellín (2004-2007) y más recientemente por concursos para la dotación de nuevos colegios en la zona caribe –Cartagena, Barranquilla y Santa Marta-. En Medellín se construyeron en los últimos 4 años 10 colegios nuevos y se hizo mejoramiento y nueva dotación a 132 centros educativos existentes.
Además de satisfacer las necesidades espaciales y de programa de la comunidad estudiantil, los nuevos equipamientos han sido pensados como germen de cohesión de los barrios donde se implantan. Para esto, espacios como el aula múltiple (que sirve de comedor, coliseo y auditorio) las zonas verdes y deportivas y las bibliotecas, fueron planteadas para prestar servicio a la comunidad vecina. Se busca, con este recurso, recuperar la importancia del colegio como generador de vida urbana y barrial y como espacio significativo y simbólico de la comunidad. De ahí la importancia dada a la localización y vinculación con parques, ejes de transporte público, ciclo-rutas, alamedas y otros elementos estructurantes del espacio público.
Algo similar sucede con el fortalecimiento de la red nacional de bibliotecas, que busca cambiar el baja nivel de lectura y apoyar el sistema educativo con acceso a información y la oferta de espacios de estudio cercanos a las comunidades menos favorecidas de la periferia urbana.
A nivel local, en Bogota, la red incluye la dotación de bibliotecas barriales, la construcción de cuatro nuevas ‘mega bibliotecas’ y la integración a la principal biblioteca pública de la ciudad. Los cuatro proyectos fueron resultado de concurso o fueron encargados a arquitectos de la importancia Rogelio Salmona.
En Medellín el enfoque es un poco distinto con edificios de menor escala que buscan un cubrimiento sectorial. En esta ciudad se han construido 5 bibliotecas cuyos proyectos han sido todos, resultado de concurso público.
Al tiempo que satisfacen las necesidades de los diferentes sectores donde han sido construidas, las nuevas bibliotecas son instrumento de transformación social, escenarios de vida, desarrollo del conocimiento y la cultura. Están dotadas con espacios de lectura y juego infantil, espacios de estudio y consulta complementarios a la educación escolar, auditorio, salas de exposiciones y la idea de estar vinculado a parques urbanos haciendo importante, fundamental la relación interior exterior y del edificio con el entorno edificado. Las nuevas bibliotecas se convierten así en hitos urbanos y lugares de actividad cultural y encuentro comunitario; en lugares de paseo y esparcimiento, de manera que la lectura pasa a ser parte del cotidiano.
El espacio privado
En este periodo que estamos comentando, lo que sale menos bien librado es la construcción de vivienda, a pesar de que ya cuenta con una buena infraestructura sobre la que asentarse y que es necesaria para la configuración final de ámbito público.
Luego de la crisis del sector de la construcción desde mitad de los años los 90, la sensación de seguridad y confianza generada por las políticas del gobierno nacional desde 2000, se han traducido en el incremento de la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo el interés del mercado inmobiliario se ha centrado en la construcción de centros comerciales y vivienda para población de altos y medios ingresos.
La construcción de vivienda ha pasado, desde los años 70, a manos de empresas constructoras, de financiación e inversión privadas, dejando en la historia décadas de buenos proyectos realizados por entidades vinculadas con el estado. El resultado actual es la falta de interés de los departamentos de mercadeo y ventas de promotores y constructores privados por explorar nuevas tipologías, tecnologías y relaciones con el paisaje urbano y natural en sus propuestas urbanas y de unidades de vivienda. Es imperativa y urgente la innovación y la creatividad para resolver el enorme déficit cuantitativo y cualitativo entre la población de menores ingresos.
En medio de la falta de inversión en vivienda económica, sobresale al formación de Metrovivienda, una entidad vinculada con el gobierno distrital de Bogotá, creada en 1998 para promover la construcción de vivienda de interés social a partir de los instrumentos de gestión urbana de la ley urbana de 1997. El mecanismo básico es la adquisición de enormes terrenos que dota de infraestructura para ser entregados para la construcción de vivienda con inversión privada.
La mayor contribución de este procedimiento es que la ciudad se enfrenta a uno de los grandes males de la ciudad que es la ‘urbanización pirata’. Con este sistema informal e ilegal, grandes porciones del territorio sub-urbano es explotado por especuladores y estafadores privados para la construcción de vivienda por parte de los habitantes, en sectores donde la administración pública se ve obligada posteriormente a realizar la dotación de infraestructura y la legalización de predios con grandes costos para la ciudad.
En ciudadelas como El Porvenir y El Recreo, con proyectos de urbanismo escogidos por concurso, Metrovivienda entrega vías, estructura de redes, zonas verdes y, conforme se ocupa, dotación de servicios de educación y salud. Lamentablemente la vivienda corre por cuenta de privados con mas interés económico que de construcción de ciudad, acabando con mala arquitectura las buenas intenciones de los proyectos urbanos.
Ante el vacío de propuestas de los promotores privados y del estado, es destacable la iniciativa del Concurso de Vivienda Económica -convivE-. Este programa, propuesto por la Revista Escala y respaldad por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y el Concejo Profesional de Arquitectura, promueve, desde la academia, innovaciones en la arquitectura, el diseño urbano y el manejo ambiental y eco-urbanístico de conjuntos y unidades de vivienda para los sectores de menores ingresos.
El concurso que ya va por su tercera versión, convoca a las facultades de arquitectura del país a plantear propuestas innovadoras y realistas que ayuden a solucionar el grave déficit de vivienda económica que aqueja al país. Los resultados, que lamentablemente siguen en el papel, son cientos de ideas urbanas, arquitectónicas, tecnológicas y de mecanismos de gestión que deberían ser atendidas por empresas públicas y privadas interesadas en la solución del grave problema del a vivienda de nuestras ciudades.
Finalmente, aunque la construcción retoma su posición de liderazgo en la reactivación económica, queda pendiente saber si la recuperación también esta presente en la exploración de nuevas propuestas y alternativas en la construcción del ámbito privado, consecuente con el avance trascendental que están haciendo nuestras ciudades en su estructura pública. Falta por ejemplo el fortalecimiento de la renovación urbana, no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades que no pueden seguir extendiéndose, sino que deben procurar la densificación dentro de parámetros sensatos de aprovechamiento de la infraestructura de espacio y servicios públicos. También es deseable y necesario que la concentración del mejoramiento de la vida urbana, el aprendizaje del sentido de lo público y el fortalecimiento de la vida ciudadana en Medellín y Bogotá, focos económicos principales y con mayor solidez e independencia administrativa, se expanda a todos los municipios del país y a las abandonadas áreas rurales. Estos cambios se deben corresponder con la construcción del imaginario de ciudad que debemos tener y con la construcción de una infraestructura de muy alta calidad que nos permita vivir cívicamente la “polis” del siglo XXI.
Sobre o autor
Rafael Méndez Cárdenas es arquitecto graduado de la Universidad de Los Andes en 1990. Tras dedicarse por una década al diseño y construcción de proyectos, principalmente de viviendas individuales y agrupaciones de vivienda, realizó una maestría en Historia Arte Arquitectura y Ciudad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente adelanta estudios de doctorado de la misma Universidad en el programa de Teoría e Historia de la Arquitectura. Desde 2003 es profesor de cátedra en el área de Historia y Teoría del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Andes. Desde ese mismo año es Coordinador Editorial de la Revista Escala-Arquitectura Latinoamericana y de otras publicaciones de la Editorial Escala de Bogotá